El pasado 18 de enero Villa Gesell fue locación de un hecho trágico. El asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de una patota de jugadores de rugby del club Arsenal Náutico de Zárate en la salida de uno de los boliches más importantes de la ciudad costera.
Hablar del caso de Fernando, si bien es necesario y conmocionante, no puede hacerse como si el mismo fuese un acontecimiento aislado. Días antes, en la peatonal de la misma ciudad, se dio una pelea de características similares; salida de un boliche, siete contra tres y patadas en la cabeza incluidas. Pocas horas después del crimen de Fernando se viralizó un video en el que entre tres adolescentes golpeaban brutalmente a otro.
Como estos, existen cientos de casos de manera continua, agravados en el contexto vacacional. Entonces suena lógico que nos cuestionemos, ¿qué es lo que lleva a los adolescentes y adultos jóvenes, en un entorno que tendría que ser plenamente de disfrute, a manejar tales niveles de violencia?
Mencionar la posición económica de los implicados en el asesinato de Fernando Baez suena más pertinente que hacer referencia al hecho de que sean rugbiers, si bien entre ambas características existe una relación intrínseca. La sensación de impunidad con la que se manejaron antes, durante y luego de los hechos deviene de manera directa del poder de sus familias, de la posibilidad de salir exentos de un crimen semejante, cosa que solo podrían conseguir quienes tengan una buena posición económica y relaciones políticas con la justicia (tres de ellos pertenecen a familias de alto poder adquisitivo de Zárate, con cargos en el Estado y en una importante empresa del sector privado).
Pero, más allá de la creencia de ser dueños del mundo que posee esta juventud elitista, es innegable que su comportamiento está avalado por el negociado que poseen las autoridades políticas y los empresarios de la noche en todas las ciudades de la costa atlántica. La exposición constante al consumo desmedido de alcohol y otras sustancias, que fomentan los dueños de boliches y bares, se profundiza con un gobierno que, en pos de aumentar sus ganancias entramados con estos empresarios y a costa de esta descomposición juvenil, decide evitar su responsabilidad y mirar hacia otro lado. Podemos verlo en las palabras del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que dijo “lo que hacen [los jóvenes] puertas adentro de sus alojamientos queda fuera de nuestro alcance» (Infobae, 18/1).
Las soluciones que se propusieron desde la intendencia para terminar con este clima de violencia incluyen el cierre de todos los boliches en la zona residencial de Villa Gesell y el aumento de policía en la ciudad durante la temporada alta. Ninguna de estas medidas evalúa el problema de raíz; una juventud atravesada por una crisis política y económica que busca liberarse mediante la normalización del consumo excesivo y la violencia callejera. Ambas cuestiones incapaces de ser frenadas con políticas represivas como las propuestas.
Es por eso que, para pedir justicia por Fernando, es importante comprender el aval y el contexto en que este grupo de adolescentes cometió semejante atrocidad. Exigir justicia por Fernando es responsabilizar a un Estado que lucra con esta violencia producto de la decadencia del régimen.
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