¿Dónde vivimos?

REFLEXIONES SOBRE SOBERANÍA Y VIVIENDA

La crisis habitacional en las principales ciudades de Argentina es un desafío complejo con profundas implicancias sociales, urbanas, económicas y políticas. Y sin duda, no es solamente un problema de oferta de vivienda. La rápida urbanización, especialmente en áreas metropolitanas como el AMBA, llevó a que el 92% de la población argentina viva en áreas urbanas, concentrándose en apenas el 0,22% del territorio. El promedio mundial de población urbana es de 56% y en América Latina del 80%. La tendencia del aumento de la cantidad de personas viviendo en ciudades muestra que esto se va a acelerar para el 2050 y esto supone enormes desafíos en materia de vivienda y hábitat.

Sobre el hábitat y la vivienda

Podemos pensar el hábitat como el conjunto de condiciones físicas, sociales y ambientales que hacen posible nuestra vida en un determinado espacio. El hábitat incluye tanto los elementos naturales como los artificiales que conforman el entorno donde se desarrollan nuestras actividades. El hábitat también implica las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que establecemos entre nosotrxs y nuestro medio. 

La vivienda, entre muchas otras cosas, es una necesidad básica que debería garantizar nuestra seguridad y bienestar. Es más que un techo o una estructura material; es un derecho humano fundamental establecido en nuestra Constitución (Artículo 14 bis) y en tratados internacionales, y es -también, debería ser- el espacio donde nos construimos y desarrollamos nuestra identidad, la convivencia, los primeros lazos y formas de vincularnos, nuestra intimidad, nuestra ciudadanía, y nuestro refugio en el mejor de los casos,  entre muchísimas otras cosas. ¿Por qué es importante además de satisfacer una necesidad básica? Porque opera como ordenador de la vida, porque garantiza cierta estabilidad y planificación de nuestros proyectos de vida, porque nos resguarda de las diversas crisis y porque también actúa en el desarrollo económico de nuestro país. Por esto, la vivienda no solo es raíz de derechos, sino también catalizador para acceder a otros derechos. Debería ser adecuada a las necesidades, los gustos, la estructura familiar, social y comunitaria y las aspiraciones de sus habitantes. Así como también debe contar con los servicios e infraestructuras básicas y espacios públicos y verdes apropiados para una vida saludable. 

Acceso problemático a la vivienda en CABA

El déficit habitacional -o sea, la falta de vivienda adecuada tanto en cantidad como calidad- es un enorme desafío para nuestra soberanía en materia de hábitat, donde las opciones no abundan y nos vemos en la obligación de vivir muchas veces en condiciones precarias y de gran incertidumbre. Estamos frente a un mercado inmobiliario caracterizado en gran medida por una fuerte inclinación hacia la especulación, donde la vivienda se convierte en una mercancía de intercambio, que se desvía de su función social y su reconocimiento como un derecho. Pero también, enfrentamos la ausencia de políticas de vivienda que aborden integralmente el problema.  En Argentina, alrededor del 1 de cada 3 hogares carece de viviendas adecuadas (datos de Nación, TECHO, CIPPEC, ACIJ). Más de la mitad de esta población no dispone de títulos de propiedad del suelo y carece de un acceso regular a más de dos servicios básicos vitales, como electricidad, agua potable y sistemas cloacal. El déficit afecta aproximadamente a unos 4 millones de hogares, y más de 1.17 millones de hogares residen en 5,687 barrios populares en todo el país. Además, en CABA, alrededor de 3500 personas viven en situación de calle.

Más allá de que podamos discutir la legitimidad y el derecho a tener dos, tres, cuatro viviendas, las viviendas comunes y adecuadas para la población deberían ser protegidas y no quedar completamente a merced de un mercado. Tenemos que ir por esa vivienda única, adecuada, asequible -en criollo, que no nos coma más del 30% de nuestros ingresos-, que podamos expandir según nuestras necesidades y, por sobre todo, protegida por el Estado. En esencia, uno de los grandes problemas es que no saldamos la discusión que genera tantas tensiones: la vivienda para quien la demanda (como derecho constitucional) o la vivienda para quien la oferta (como ingreso estable en el caso de alquiler, reserva de valor, inversión, etc). 

En paralelo también pasa algo preocupante, que es la disponibilidad de viviendas vacías, terrenos baldíos y, a la vez, una expansión de la ciudad en los márgenes, tanto formalmente -de la mano de barrios privados y countrys- como informalmente -barrios populares-, tendencia que es cada vez más acelerada y acentúa aún más las desigualdades territoriales. Poniendo el ejemplo de Ciudad de Buenos Aires, podemos ver un aumento significativo en la disponibilidad de viviendas desocupadas, que creció en un 45% en los últimos cinco años. Esta situación se agrava con la creciente dedicación de unidades habitacionales a alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb y a la dolarización de los alquileres en el caso de CABA y otras ciudades capitales, sin ningún tipo de regulación y control por parte del Estado. Esto refleja una problemática seria, donde una parte sustancial de la población está lidiando con dificultades financieras, incertidumbre y precariedad habitacional. Muchas de las grandes ciudades del mundo están enfrentando problemas en la garantía del acceso a la vivienda, pero la expresión territorial de las desigualdades en dicho acceso es más evidente en países y ciudades como las nuestras. En el caso de Argentina, se suma el agravante de la inestabilidad económica, la inflación y -una de las peores herencias de la última dictadura- la dolarización del mercado inmobiliario, ya que en gran medida una de las causas de la cultura bimonetaria en nuestro país es el hecho de tener que ahorrar en dólares para comprar un inmueble cuando el precio de construcción está pesificado ¿No es paradójico? ¿Por qué no nos hace ruido? ¿Hay incentivos para que se pesifique? Quienes no puedan acceder de manera formal a una vivienda lo harán de manera informal, y acá aparecen la violencia, la discriminación, los desalojos y/o la lucha de poder entre inquilinos/propietarios -que claramente también aparece en la formalidad-, cuando lo que se busca es ejercer nuestro derecho a vivir adecuadamente. 

La situación es especialmente injusta para poblaciones históricamente vulneradas que además están atravesadas por múltiples desigualdades estructurales, ya que enfrentan mayores obstáculos en cuanto a la accesibilidad económica, funcional, social y jurídica.

Hacia un acceso soberano a la vivienda

Para abordar esta situación de manera integral, tenemos que considerar múltiples dimensiones conectadas entre sí. Primero, tenemos que asegurar que las personas puedan acceder a viviendas de diferentes maneras. Esto implica una planificación urbana centrada en las necesidades de las personas y una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno. Es esencial también promover tanto el alquiler como la adquisición de viviendas permanentes financieramente asequibles y flexibles. Se deben ofrecer soluciones habitacionales permanentes y temporales, y es importante considerar diversas fuentes de apoyo financiero y técnico, como la recuperación de la plusvalía urbana -que se logra a través de impuestos, tasas, o regulaciones que permiten al Estado beneficiarse del incremento de valor de las propiedades, redistribuyendo así los beneficios generados por el desarrollo urbano hacia el bienestar general-, la búsqueda de asociaciones público-privadas y con organismos internacionales, así como también con cooperativas, universidades ancladas en el territorio y organizaciones de base comunitaria para llevar a cabo proyectos de vivienda, tanto en su planificación como en la construcción. 

La soberanía en términos de hábitat se traduce entonces en nuestra capacidad para decidir y tener control sobre nuestro entorno, lo que va más allá de la propiedad y abarca la seguridad y el bienestar personal y comunitario, que permita nuestro desarrollo humano en igualdad de condiciones.

Es importante promover la participación social y comunitaria en la definición, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas de hábitat y vivienda. Para ello, se requiere fortalecer los espacios de diálogo, consulta y decisión entre los diferentes actores involucrados: el Estado, las familias, las organizaciones sociales, los movimientos populares, las cooperativas, las universidades, profesionales, estudiantes, trabajadores, entre otros.

La mayoría de las urbanizaciones informales fueron realizadas de manera autogestiva y colaborativa por las personas que habitan dichos espacios (a esto se le llama producción social del hábitat). Para respetar dichos procesos e identidades, tenemos que apoyar las iniciativas de autoconstrucción y expansión con material de calidad y mejoramiento desde la asistencia tanto técnica como financiera a los hogares y las comunidades desde una comprensión empática que tenga en cuenta las necesidades de los hogares y su extensión. 

El desafío es crear ciudades densas, compactas, cercanas, integradas e inclusivas. Una ciudad densa y compacta es una ciudad que concentra población, actividades y servicios en un espacio reducido, lo que permite optimizar el uso del suelo, las infraestructuras y los servicios urbanos. Una ciudad densa y compacta también favorece la movilidad sostenible, la diversidad social y funcional, la eficiencia energética y la preservación del medio ambiente, además de ser inclusiva e integrar a los distintos grupos sociales para reducir las desigualdades. La experiencia nos muestra que crear barrios alejados de los centros -más allá de que apunte a crear viviendas más que necesarias-, el acceso a los servicios se hace más costoso tanto para los hogares como para el Estado, además de poner obstáculos a la movilidad, a la integración socioeconómica, urbana y a las oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario. No es lo mismo crear nuevos barrios con servicios integrados a la ciudad existente que crear barrios a 10km de un centro de salud o una escuela. Como tampoco es lo mismo llevar servicios básicos a un nuevo barrio de la ciudad que llevarlos a 10-20km.

Combatir la crisis habitacional en Argentina desde una perspectiva de soberanía es esencial para garantizar derechos fundamentales y el desarrollo humano integral de una Argentina con justicia social, espacial y ambiental que no deje a nadie atrás ni afuera. Tenemos que reconocer la conexión entre todos estos desafíos y sobre todo poner la participación activa de las comunidades. Sólo a través de enfoques múltiples e integrales podemos construir ciudades inclusivas, habitables y sostenibles que respeten plenamente los derechos fundamentales de quienes las habitamos.