Transitamos ya más de un año de pandemia que coincidió con el de un nuevo gobierno, vale entonces preguntarnos: ¿dónde estamos parades hoy?, ¿qué hay detrás de esta “nueva normalidad” de la que tanto se habla?.
Para empezar a delinear una primera respuesta a estos interrogantes, hay que tener en cuenta en qué estado se encuentran las condiciones de vida de les jóvenes y trabajadores ocupades y desocupades. Hoy casi la mitad de las personas son pobres, entre la juventud menor de 18 años esta cifra sube al 60%. Detrás de estos porcentajes está la triste realidad de que ¡6 de cada 10 niñes prácticamente no tienen para comer!.
La línea que determina si sos considere indigente es de $21750, mientras que el salario mínimo se encuentra en $21600, y el 70% de les jubilades cobran $20570. Con una inflación que en febrero fue del 3,6% (anualmente se proyecta en un 50%) todo sube -luz, gas, agua, nafta, alimentos, desempleo- menos los salarios y las jubilaciones. El Gobierno condena a les jubilades y niñes a la miseria, quitando incluso el IFE, y las direcciones sindicales burocráticas cierran aumentos con un techo del 30%.
Estos números nos invitan a pensar ¿por qué bajo un Gobierno que se auto define “popular” toma medidas opuestas a los intereses populares?. Une podría decir “porque hay una pandemia”, y tendrìa un punto, ya que la llegada del coronavirus profundizó y aceleró la situación arriba descrita. Pero este proceso viene de antes.
La agenda política y económica que lleva adelante el Gobierno Nacional, junto a los Gobiernos provinciales, es dictada por el Fondo Monetario Internacional, y por el conjunto de la clase capitalista. Es una orientación que busca descargar la crisis generada por poques en la espalda de muches, ahí radica la incompatibilidad con los intereses populares.
Mientras que no hay plata para comer, para salud o educación, si hay para pagar la deuda externa, contraída en gran medida por la última dictadura militar, y engrosada por todos los gobiernos constitucionales hasta la fecha. Mientras el conjunto del régimen político se desvive por cumplir con el FMI, no muestra la misma preocupación por hacerlo con les pibes que no tienen techo, como es el caso de Maia, o de les desalojades en Guernica que reclamaban tierra para vivir.
Las condiciones críticas de nuestra realidad se combinan con la llegada de la segunda ola del COVID-19. La apertura de los lugares de trabajo sin protocolos, el regreso a las escuelas sin condiciones por la falta de presupuesto, y la mayor circulación en el transporte público, vienen provocando un aumento de casos. A esto se le suma las nuevas cepas descubiertas, que están trayendo graves consecuencias en nuestro país vecino, Brasil. Sin embargo, seguimos con un sistema de salud descentralizado, sin presupuesto suficiente, que ante un estallido de nuevos casos de COVID-19 puede saturar.
Luego de unos meses de iniciada la vacunación, se puede empezar a pensar que no hay un plan real. Las vacunas no llegan. No se vacunó a la totalidad de la población de riesgo que se sigue muriendo. Tampoco a les trabajadores de la salud que siguen en la primera línea contagiandose. Mandaron a las aulas a les docentes sin haber recibido la primera dosis. En el mundo vemos como las grandes potencias acaparan las distintas vacunas que hay y el negociado que se generó en torno a ellas. Un ejemplo de esto es el escándalo de vacunas VIP que no sólo explotó en Argentina, sino también en Perú, Chile y otros países. O también la privatización del sistema de vacunación por parte de Larreta con contratos secretos con las prepagas y obras sociales.
La nueva normalidad no vino con dinámicas novedosas. Quienes tienen contactos en el poder para acceder al vacunatorio VIP, o quienes tienen recursos para pagar una prepaga cara son, como de costumbre, les uniques beneficiades. Quienes no cumplimos estas condiciones, nos queda lavarnos las manos y mantener distancia, como si pudiéramos hacerlo teniendo en cuenta lo deficientes que son los protocolos implementados, o directamente la inexistencia de ellos.
¿Y cómo hacen para seguir ajustando en un contexto de hambre y falta de trabajo? Podemos encontrar la respuesta en Formosa, donde el Gobernador impuso a través de la represiòn una cuarentena donde lo que prevalece es el hambre. Podemos encontrarla en el Conurbano, donde la policía de Berni se viene cobrando la vida de une pibe por dìa en casos de gatillo fácil (Fuente: Archivo CORREPI), como el caso de Facundo Castro.
Vivimos un presente contradictorio. El retroceso en nuestras condiciones de vida, en un contexto con distancias físicas y sociales impuestas por la pandemia, viene profundizando una descomposición social que duele.
Nos duele ver cada vez más personas en situación de calle. Nos duele ver que este año más de 66 mujeres perdieron la vida a manos de femicidas, y que el Estado no hace nada. Nos duele ver como la especulación inmobiliaria incendia nuestra Patagonia. Nos duelen los casos crecientes de gatillo fácil. Nos duele una realidad en donde sencillamente lucran con nuestras vidas.
Pero esta realidad es también la de la enorme marea verde que conquistó el aborto legal, seguro y gratuito, y que ahora combate para terminar con los femicidios. Es la realidad del movimiento piquetero que gana las calles contra el hambre y nos dice claramente que si pagamos la deuda no comemos. Es la de las movilizaciones ambientales en Chubut contra la megaminería. Es la de la participación de decenas de miles de personas, a 45 años del golpe de Estado genocida, para ponerle un freno a la escalada represiva. Es la de las rebeliones en Paraguay, en Estados Unidos contra el racismo y abuso policial, en Chile, en Bolivia contra el golpe. Es una realidad de lucha y resistencia.
Entonces, el interrogante que se abre ahora es cuál de las dos realidades se impone sobre la otra. ¿Quién va a pagar las consecuencias de la crisis social que este sistema generó? En gran medida, de nosotres depende encontrar esa respuesta.
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